La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hoy al gobierno venezolano que no use la justicia militar para juzgar a civiles, una práctica a la que ha sido sometida casi medio centenar de personas y a la que el gobierno no parece querer renunciar.

“Urgimos al gobierno a que inmediatamente deje de usar la justicia militar para juzgar a civiles, algo que es contrario a la ley internacional de derechos humanos, particularmente con respecto al debido proceso y a las garantías”, afirmó Elizabeth Throssell, portavoz de la Oficina, en rueda de prensa.

El ACNUDH instó a todas las partes a utilizar “únicamente medios pacíficos para hacerse oír”, y a las autoridades a garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en el país.

El vicepresidente Tareck el Aissami advirtió ayer que la justicia militar encarcelará a aquellos que obstaculicen la elección de la asamblea constituyente, proceso que tendrá lugar el próximo 30 de julio.

Lea la declaración completa: 

“La situación en Venezuela continúa siendo motivo de profunda preocupación, y nuevamente instamos a todas y todos en el país a utilizar únicamente medios pacíficos para hacerse oír.

Tomamos nota de que está prevista una consulta pública para este domingo, organizada por la Asamblea Nacional -dirigida por la oposición- y otros grupos, sobre asuntos como los planes del Presidente Nicolás Maduro de reescribir la Constitución. Instamos a las autoridades a respetar los deseos de quienes quieren participar en esta consulta y a garantizar los derechos de las personas a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Desde el 1 de abril, unas 92 personas han fallecido y otras 1.519 han resultado heridas en relación con las protestas en curso, según las últimas cifras disponibles de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, se estima que el número de personas lesionadas es mucho mayor. Es vital que el gobierno adopte medidas para que las fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, no realicen un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y actúen de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos en la gestión de las manifestaciones.

Hemos recibido información de varias fuentes dando cuenta de que algunos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han utilizado tácticas represivas, intimidando e infundiendo temor, para tratar de disuadir a la gente de manifestarse. Además, se ha informado de que miles de manifestantes han sido detenidos arbitrariamente, y nos preocupa que más de 450 civiles han sido presuntamente llevados ante tribunales militares. Instamos al Gobierno a poner fin de inmediato a esta práctica, que es contraria al derecho internacional de los derechos humanos, en particular de las garantías del debido proceso. Las y los civiles acusados de un delito o un acto ilegal deben comparecer ante un tribunal civil. Todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad.

Hacemos un llamado a todas las partes en Venezuela a renunciar a la violencia y al hostigamiento de opositores. En este sentido, condenamos todos los actos de violencia, tales como la explosión ocurrida el pasado 10 de julio, que hirió a siete oficiales de la Guardia Nacional en la zona de Altamira, en Caracas.

Expresamos nuestra esperanza de que la consulta del domingo se realice de manera pacífica y en el pleno respeto de los derechos humanos de todas y todos”.