Amnistía Internacional (AI) denuncia la proliferación de detenciones arbitrarias en Venezuela para “acallar a la disidencia política”, según recoge el informe “Silencio a la fuerza” que la ONG difundió hoy en México, reseña Efe.

AI recoge varios casos que muestran “las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en cuestiones de las detenciones arbitrarias por motivos políticos”, explica en una entrevista con Efe la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas.

Especialmente, aquellos casos en los que se afecta la integridad de las personas o se viola el debido proceso de diversas formas, demostrando que no hay independencia entre el sistema de justicia y el poder Ejecutivo.

Guevara-Rosas asegura que “es muy preocupante que las autoridades no estén tomando medidas para garantizar la protección de todos, sin distinción de sus opiniones políticas”.

La organización pretende mostrar una visión “más integral” de lo que está ocurriendo en el país caribeño, lo que cobra una mayor relevancia estos días por las protestas pacíficas que se están celebrando desde hace tres semanas.

Estas protestas cargan contra el Gobierno de Nicolás Maduro por las sentencias del Supremo que le restan competencias al Parlamento -de mayoría opositora- y piden elecciones generales y la liberación de presos políticos, entre otras demandas.

En este marco, 1.289 personas han sido detenidas, de acuerdo con datos de la Fiscalía venezolana. “Sabemos que siguen en situación de detención al menos 800, no sabemos en qué condiciones” por el secretismo de la información, porque se les atribuyen delitos del fuero militar, señala Guevara-Rosas.

En este sentido, los civiles en Venezuela están siendo presentados ante tribunales militares, dado que se les acusa de delitos de este ámbito, “y se trata en muchos casos” de personas que se oponen abiertamente al régimen de Maduro”.

Amnistía considera “preocupante” el empleo “sistemático” del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que depende directamente del vicepresidente y tiene como mandato “la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado venezolano”.

Este mecanismo, afirma Guevara-Rosas, “está deteniendo por motivos políticos a las personas de forma arbitraria”, sin tener facultades para ello y, en la mayoría de los casos, sin orden de detención dictada por un juez.

Entre las historias que recoge el informe en torno al SEBIN se encuentra la de la activista de Voluntad Popular Steyci Escalona y el diputado Gilber Caro, en cuyas detenciones “se violaron todos los principios del debido proceso” y ni siquiera se respetó el principio de inmunidad parlamentaria de Caro.

Otros casos, como el del concejal opositor José Vicente García, muestran cómo algunas personas continúan encarceladas incluso después de que un juez presente una orden de liberación oficial.

Además, la organización manifiesta su inquietud por si estas detenciones llevan a otras violaciones “graves” de derechos humanos, como la tortura o la desaparición, ya que han registrado casos en los que las personas detenidas quedan incomunicadas, sin poder establecer contacto con sus familias o representantes legales.

Como una de las recomendaciones, Amnistía pide al poder Ejecutivo que retire la denuncia que interpuso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y acepte la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “para que la gente pueda buscar justicia”, apunta Guevara-Rosas.

El informe, concluye la directora regional, es un llamado a que las autoridades, “en vez de reprimir a la gente, empiecen a buscar soluciones duraderas y efectivas a la crisis humanitaria que atraviesa el país” y que desencadena las violaciones a los derechos humanos.

Isabel Reviejo/EFE