La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz,  introdujo este jueves un documento ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)  para solicitar que se aclare la sentencia 378, en donde se aclaran los artículos 347 y 348 de la Constitución.

Dijo que el proceso Constituyente planteado por el presidente Nicolás Maduro reduce la participación popular a su mínima expresión.

“Hemos solicitado la aclaratoria sobre si perdió vigencia la democracia participativa y protagónica y se renovó la vigencia de la democracia representativa, porque de la letra de la sentencia parece que se elimina la democracia participa, lo que le costó mucho al pueblo venezolano”, dijo.

Solicitó que se aclare lo referido a la progresividad de los derechos humanos, debido a que la sentencia 378 es un retroceso en materia de derechos humanos.  “Nuestra Constitución establece la progresividad, y bajo ninguna circunstancia esos derechos pueden ser desmejorados”, afirmó.

La representante penal del país ha sido tildada de traidora por sectores del chavismo por haber rechazado la Asamblea Nacional Constituyente y por haber señalado que el estudiante Juan Pernalete fue asesinado con una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional.