Jueces venezolanos denunciaron el lunes la “sistemática parcialidad” de la Justicia venezolana al servicio del gobierno del presidente Nicolás Maduro, en la tercera audiencia de la OEA sobre los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

La primera en declarar fue la exjueza que emitió la orden de privación de libertad del dirigente opositor Leopoldo López, uno de los presos políticos más conocidos del gobierno de Nicolás Maduro.

Ralenis Tovar, exjueza del área metropolitana de Caracas, intervino a través de Skype desde Canadá y dijo que firmó esa orden judicial “por miedo a salir presa” y convertirse en una nueva María Lourdes Afiuni, la exjueza que estuvo cuatro años presa en un internado judicial por ordenar la liberación de un empresario que generó las críticas del fallecido presidente Hugo Chávez. Durante su reclusión, Afiuni denunció que fue violada.

Me mandaron a firmar la orden de aprehensión de Leopoldo López, pedí revisarla y me amenazaron preguntándome si quería ser la próxima Juez Afiuni”, dijo.

Tovar aseguró que el juicio de López estuvo repleto de irregularidades procesales:

“En el caso de Leopoldo López hubo muchas irregularidades. Por ejemplo, la audiencia terminó a las 12:30 de la noche de ese día, pero a las 10:30 de la noche, es decir 2 horas antes, ya Maduro había dicho por televisión que se había ordenado la aprehensión de López. Es decir, el Presidente ya había dado la orden”.

La exjueza aseguró que el día que dictó el fallo contra López, quien cumple una condena de casa por cárcel, recibió una llamada de la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Gladys Gutiérrez, “para decirme que me devolviera al recinto judicial porque me necesitaba para unas órdenes de aprehensión”.

“Cuando llegué estaban una gran cantidad de funcionarios (de los cuerpos de seguridad e inteligencia) SEBIN, DIM y Guardia Nacional además de 4 fiscales y ya tenían la carpeta con el caso de Leopoldo López”, denunció Tovar.

Con la llamada, se decidió a firmar la orden contra el dirigente de Voluntad Popular.

Me sentí amedrentada, atemorizada. Por el miedo que tuve a salir presa de ahí siendo madre soltera de una niña de 13 años, firmé la orden de aprehensión. A partir de ese momento 4 funcionarios me acompañaron hasta mi casa y 2 de ellos estuvieron dentro de mi casa por un tiempo. Todo esto lo hicieron para saber con quién tenía contacto y con quién me comunicaba”, agregó.

Preguntada por si en Venezuela existe un “patrón de intimidación a los jueces de forma amplia y sistemática”, aseguró que “sí, por supuesto”, ya que “hasta que no logran lo que quieren, intimidan constantemente”.

En su opinión, la justicia de Venezuela “se ha convertido en un poder totalmente complaciente a los caprichos del Ejecutivo nacional”.

Fuente: El Estímulo

 

 

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