El diputado venezolano Luis Lippa, contrario al gobierno de Nicolás Maduro, informó hoy que la Contraloría General de la República le inhabilitó políticamente, por lo que no podrá participar en la elección de octubre cuando esperaba competir por la Gobernación del estado Apure.

“Ya estando admitida mi inscripción en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para la Gobernación del estado, la Contraloría me inhabilita”, escribió el opositor en Twitter donde además ponderó la medida como un acto de persecución política y administrativa.

Posteriormente el diputado denunció que la llamada revolución bolivariana instaurada en el país en 1999 lo ha perseguido desde que fue gobernador de la región en la que esperaba reelegirse entre los años 2000 y 2004.

En una entrevista con la emisora Unión Radio luego de que se conociera la medida explicó que el argumento de la Contraloría para sacarlo de la carrera electoral se basa en presuntas irregularidades cometidas durante la construcción de un centro materno infantil en Apure cuando estaba bajo su administración.

Sin embargo, Lippa aseguró que el centro fue terminado y que en la actualidad no funciona, aunque su gestión dejó el dinero para garantizar la operatividad del mismo hace 13 años.

“Es única y exclusivamente para no competir, este es el gobierno”, agregó.

La oposición venezolana, que no participó en los últimos comicios -el pasado 30 de julio cuando se eligió la ANC, un órgano considerado fraudulento por buena parte de la comunidad internacional-, ve probabilidades de hacer crecer sus feudos en la elección de gobernadores.

Sin embargo, parte de la militancia antichavista rechaza participar en estos comicios por estar organizadas por el mismo CNE al que la oposición tilda de fraudulento, acusado por la empresa encargada del soporte técnico, Smartmatic, de inflar en “al menos un millón” el número de votantes del pasado 30 de julio.

Además, en los últimos meses el Supremo ha destituido y ordenado prisión para varios alcaldes, potenciales candidatos a gobernadores, mientras que la Contraloría ha eliminado mediante sanciones administrativas a fuertes contendientes, como los excandidatos presidenciales Henrique Capriles y Manuel Rosales.