La Asamblea Nacional (AN) se declaró en desacato frente a una de las tantas medidas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su contra, al incorporar a los tres diputados de Amazonas. En consecuencia, el procurador general Reinaldo Muñoz llamó al resto de los poderes públicos a desconocer al parlamento hasta que se desincorporen a los mencionados asambleístas. La situación genera una lucha de titanes; una nueva puja de poder, cuyos posibles escenarios vale la pena evaluar. En base a ello surgen varias preguntas: ¿Cuáles medidas tomará ahora la AN, al contar con mayoría calificada?, ¿qué puede hacer el Gobierno?, ¿quién decide quién gana la batalla entre los poderes? y  lo más importante ¿quién defiende la soberanía? En primer lugar debemos recordar que con la incorporación de los diputados de Amazonas, la oposición logra la mayoría calificada en la AN, con una representación de dos tercios, y de acuerdo a la Constitución de Venezuela, puede: Artículo 73: someter leyes a referendo y revocarlas. Artículo 240: por un voto de censura, remover al vicepresidente. Artículo 296: designar nuevos rectores del CNE y nuevos magistrados del TSJ. Artículo 343: reformar la Constitución y convocar nuevas elecciones presidenciales el próximo diciembre sin pasar por un Referendo Revocatorio. Artículo 348: Convocar una Asamblea Constituyente. De acuerdo a estos artículos, la Asamblea podría nombrar nuevos magistrados al TSJ, nuevos rectores del CNE y convocar a elecciones generales en diciembre. Si el Gobierno no los reconoce, podríamos terminar con dos directivas del CNE y dos grupos de magistrados del TSJ enfrentados unos con otros, creando un conflicto de gobernabilidad. La exmagistrada del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, explicó en una entrevista en Penzini y algo más… transmitida por La Nueva Mágica 99.1 FM, que el procurador es elegido por el Presidente de la República pero es aprobado por la Asamblea Nacional y debe tener cuidado al hacer un llamado al desconocimiento del Parlamento porque quien pudiera ser revocado por ese mismo poder, sería él mismo, y alerta que el procurador no tiene competencia sobre lo que hace el Poder Legislativo o no. En cuanto a la pugna de poderes que sostienen el TSJ y el CNE contra la Asamblea Nacional, Mármol de León considera que quien tiene el máximo derecho es el poder de la voluntad popular, es decir, el legislativo, por lo que de mantenerse tal situación ocurriría un conflicto de soberanía. De acuerdo a la exmagistrada: “La puja termina por ¿quién tiene el apoyo del país? la soberanía, y ¿en manos de quien está defender la soberanía? en las Fuerzas Armadas Nacionales”. En conclusión, todo termina siendo un asunto de soberanía popular y la representación de la voluntad popular es la que debe prevalecer. Es decir que debe prevalecer el respeto a la Constitución.